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Políticas de carácter social en la contratación Pública

 

Presentación: Contratación Pública del Gobierno de las Islas Baleares.

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Tipo de política: de tipo social (empleo, comercio justo, igualdad oportunidades, calidad social y responsabilidad social) La normativa nacional y comunitaria de contratos públicos establecen de forma expresa la posibilidad de incorporar requerimientos y valoraciones de tipo social en la adjudicación y ejecución de los contratos públicos.

Ámbito de intervención: Social, empleo, comercio, igualdad.

El Gobierno de las Islas Baleares manifiesta su voluntad de utilizar la contratación pública y el importe destinado a la misma con fines transversales, logrando efectos sociales que vayan más allá de la mera prestación de un servicio, la ejecución de una obra o la adquisición de un suministro. De esta manera, y con la inclusión de cláusulas sociales en los procedimientos de contratación pública se apuesta de forma decidida por un sistema de contratación que no solo será ético, social, sostenible e integrador, sino que -en los propios términos de la Unión Europea- será inteligente, eficiente y permitirá optimizar el gasto público.

La incorporación de cláusulas sociales se realiza en todo caso sin menoscabo de los principios de publicidad, libre concurrencia, transparencia e igualdad de trato. Del mismo modo, los principios de eficacia y eficiencia que rigen la ejecución del gasto público se ven claramente favorecidos mediante la incorporación de criterios sociales, al lograr colocar la contratación pública y sus efectos al servicio de la ciudadanía y de los fines que son propios de las administraciones públicas.

Administración impulsora: Gobierno de las Islas Baleares.

Normativa europea aplicable: Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública establece que:

La contratación pública desempeña un papel clave en la Estrategia Europa 2020, establecida en la Comunicación de la Comisión de 3 de marzo de 2010 titulada «Europa 2020, una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» («Estrategia Europa 2020»), como uno de los instrumentos basados en el mercado que deben utilizarse para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso más eficiente de los fondos públicos. Con ese fin, deben revisarse y modernizarse las normas vigentes sobre contratación pública … a fin de incrementar la eficiencia del gasto público, facilitando en particular la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contratación pública, y de permitir que los contratantes utilicen mejor la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes”.

Ámbito de aplicación: Órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y entidades que integran su sector público instrumental.

Criterios de carácter social:

1. Los criterios de carácter social serán de inclusión obligatoria en todos los procedimientos de contratación.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares incorporarán, a efectos de la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta conforme a la mejor relación calidad-precio, criterios de adjudicación vinculados al objeto del contrato que valoren aspectos de carácter social.

Se considerarán criterios de adjudicación de carácter social, entre otros, los siguientes:

a) Creación de empleo para personas con dificultades de acceso al mercado laboral:

b) Subcontratación con Centros Especiales de Empleo, Empresas de Inserción y programas de empleo protegido.

c) Comercio Justo: licitadores que se comprometan a incluir en la prestación del servicio o en el contenido del suministro productos de comercio justo.

d) Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: se valorará la integración de la perspectiva de género en la oferta presentada.

e) Calidad social y responsabilidad social de la propuesta: se valorará a los licitadores que incorporen para la ejecución del contrato criterios de calidad social y de responsabilidad social en su propuesta técnica, siempre que estén relacionados con el objeto del contrato.

También se tendrán en cuenta:

  • El establecimiento de un salario/hora para la ejecución del contrato, por encima del convenio colectivo sectorial y territorial.
  • La formación continua a las personas que ejecutarán el contrato.
  • El porcentaje de contratación indefinida entre la plantilla que ejecutará el contrato.

  • La adaptación de la ejecución contractual a grupos especialmente desfavorecidos o con mayor necesidad de protección social.

Ámbitos que se pretenden favorecer en estas políticas:

a) Derechos Laborales y Calidad en el empleo.

b) Discapacidad.

c) Igualdad entre mujeres y hombres.

En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberá emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

d) Inserción laboral de personas con dificultades de acceso al mercado laboral.

Desconozco el impacto y resultados de estas políticas de contratación pública en el ámbito geográfico de las Islas Baleares, aunque de modo general, puedo comentar que las compras y contrataciones de los gobiernos locales, regionales y estatales representan en torno al 20% del Producto Interior Bruto del país, un volumen nada desdeñable en términos de incidencia e influencia en la economía y el modelo de desarrollo. Con las obligaciones y exigencias que se imponen a las empresas para contratar con las entidades públicas se podría conseguir una mayor y mejor cultura fiscal, ética y sostenible en el tejido empresarial. Ese 20% de nuestra economía debe estar al servicio del bien común, y ser aprovechado para potenciar e implantar políticas para la equidad de género, el desarrollo sostenible, el bienestar laboral, el respeto a los derechos humanos, promoviendo así una transición económica basada en empresas mucho más democráticas y respetuosas con los derechos de las personas y con el medio ambiente.

Se crean oportunidades y empleo estable e inclusivo a través de la inserción de colectivos desfavorecidos, a través de empresas comprometidas con la equidad social y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres; permitiendo mayor participación de la sociedad en la economía a través de estructuras más democráticas. Se trata de un modelo económico y empresarial que puede ayudar a favorecer un futuro desarrollo mucho más inclusivo, con mayores cotas de bienestar social y sostenibilidad ambiental.

Criterios sociales como: la mejora de las condiciones salariales y laborales por encima del convenio sectorial y territorial de legal aplicación; establecimiento de medidas que garanticen la igualdad en el acceso al empleo, la retribución, promoción, formación y permanencia, así como la prevención del acoso sexual en el trabajo; la aplicación de criterios de equidad y transparencia fiscal o criterios ambientales, como la minimización del consumo de recursos naturales como materias primas, combustibles y agua, la mínima generación de residuos peligrosos y no peligrosos, así como su reutilización o reciclabilidad o la aplicación de medidas de eficiencia energética o utilización de fuentes de energía renovables.

Corresponde a las Administraciones Públicas hacer efectivos los estándares constitucionales de los derechos sociales: Estabilidad y calidad del empleo, políticas de inserción social, retribuciones adecuadas, límites a la deslocalización del tejido empresarial, son objetivos claramente vinculados a lo que es la esencia de la contratación pública en el contexto de un Estado social como España.

Fortalezas de las cláusulas de carácter social en la contratación pública:

La gran crisis económica que está dejando la sanitaria generada por la Covid-19, exige un esfuerzo especial de aportación de fondos públicos y de eficiencia en el manejo de los mismos. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España prevé una inversión de 72.000 millones entre los años 2021 y 2023, provenientes del Fondo para la Reconstrucción de la Unión Europea. Una buena parte de ese dinero se gestionará mediante contratos públicos. El sector público gestiona mediante contratos en torno al 15 % del PIB nacional, porcentaje que se incrementará considerablemente en esos años. Una adecuada articulación de este mecanismo de colaboración entre el sector público y privado que supone todo contrato, permitirá un mayor impacto global en la economía, directa e indirectamente.

Ello supone desterrar la corrupción y orientar los contratos que se celebren para favorecer las políticas comunitarias en materia social, medioambiental, de innovación y de fomento de las pymes. Se trata no de gastar más, sino de gastar mejor.

El objetivo de promover una mayor participación de las empresas pequeñas y medianas en la contratación pública. Las pymes son el sector más vulnerable a las crisis y la actual está resultando especialmente letal para estas empresas.

Debilidades de las cláusulas sociales en la contratación pública:

1.- En cuanto a las cláusulas cuyo objeto sea superar el salario mínimo, esa circunstancia puede ocasionar a las empresas cargas adicionales que conllevan una desventaja injustificada y, en consecuencia, discriminación.

2.- La justificación de la adopción de ciertas cláusulas sociales por parte de los poderes públicos siempre debe justificar una misión de interés general y, además, que todas ellas resultar estrictamente necesarias. Lo que obliga a las autoridades públicas a decidir una solución que restrinja lo mínimo indispensable la libre competencia o la libre prestación de servicios, incluso en el ámbito de la Unión europea.

3.- La necesaria elaboración de informes de impacto de género con indicadores y datos desglosados por sexo de las personas beneficiarias o usuarias del contrato, así como de la plantilla que ejecutará el mismo, detallando el contenido de las medidas de igualdad aplicadas. En definitiva, más documentación a aportar para justificar las empresas seleccionadas.

Guía para la inclusión de cláusulas de carácter social en la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y su sector público instrumental

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